Uno de los cambios más importantes de la reforma constitucional de 1994 es el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Pero a pesar de ello, la mayoría de las comunidades indígenas del país atraviesan graves problemas.
Las dos cuestiones principales que son dejadas de lado por las autoridades son las condiciones de vida, cuyo deterioro llega a provocar casos de desnutrición y hambre, y el acceso a la tierra.
En el norte del país, viven unos 80 mil wichi en condiciones sumamente precarias, por la deforestación del medio ambiente que les impide acceder a los recursos de vida de los que han dispuesto desde tiempos precolombinos. En esa área que atraviesa las provincias de Salta, Chaco y Formosa son muchos los chicos con desnutrición crónica y varios de ellos han muerto últimamente. La frágil atención por parte del Estado ha sido, en estos años, una manera de mantener a esta población bajo condiciones humillantes en las que ningún ser humano debería encontrarse.
Por otro lado, está el problema de la negación de los derechos sobre tierras, que ha merecido diversos pronunciamientos internacionales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, señaló, precisamente, que “el gobierno nacional no contesta. El gobierno de la provincia no contesta. La Justicia no avanza”.
La negación de derechos se traduce, mientras tanto, en condiciones de vida dramáticas de las comunidades postergadas.
Los aborígenes siguen sin tener respuestas del Estado sobre sus derechos a la tierra y condiciones de vida dignas.
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